En febrero de 2026 Córdoba vivió el frente frío y aún espera recursos para atender el desastre y recuperar la economía de las familias que lo perdieron todo; hoy el país sufre por un fuerte sismo, que deja desolación.
El terremoto registrado ayer 10 de agosto, con epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad urgente de fortalecer la capacidad del Estado para responder a las emergencias y, especialmente, para prevenir y reducir los riesgos antes de que estos se conviertan en tragedias.
Ante el impacto generado por el movimiento telúrico, que dejó víctimas y graves afectaciones en diferentes regiones del país, la representante a la Cámara Martha Ruiz Solera hizo un llamado a avanzar en una reforma estructural que garantice recursos permanentes para el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
“Esta tragedia nos recuerda que Colombia es un país altamente vulnerable a los fenómenos naturales y que no podemos seguir esperando que ocurra una emergencia para empezar a buscar los recursos. La gestión del riesgo debe ser una prioridad de Estado, con financiación permanente y suficiente”, afirmó la congresista.
Ruiz Solera señaló que la Ley 1523 de 2012, mediante la cual se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo (artículo 47), representó un avance importante para el país, pero advirtió que persiste una debilidad relacionada con la sostenibilidad financiera de estos mecanismos.
“La discusión de fondo es que es un fondo sin fondos: pues no tiene fuentes específicas de financiación y lo deja a voluntad de los gobiernos de turno. Situaciones como el sismo que hoy tiene a Colombia sumergida en un duelo colectivo, nuevamente evidencia la fuerza de la naturaleza y la necesidad de tener fuentes estables para atender los desastres y prevenir el riesgo. No podemos hablar de prevención, preparación y reducción del riesgo si la financiación depende de las decisiones presupuestales de cada gobierno. La prevención no puede ser improvisada ni depender de la coyuntura”, ratificó.
La representante explicó que fortalecer financieramente el sistema no significa únicamente disponer de recursos para atender a las familias después de una emergencia, sino también invertir de manera anticipada en infraestructura, estudios de vulnerabilidad, sistemas de alerta temprana, preparación de los organismos de socorro y obras de mitigación en los territorios con mayor exposición.
“Cada peso que se destine a la prevención puede significar vidas salvadas y familias protegidas. La gestión del riesgo no puede limitarse a reaccionar cuando ya ocurrió el desastre; tenemos que anticiparnos y preparar nuestros municipios y departamentos para enfrentar estos fenómenos”, recalcó.
Martha Ruiz Solera además manifestó su solidaridad para con las familias afectadas por el terremoto en Cali, Pereira, Chocó, Armenia y Manizales. “Hoy mi solidaridad está con cada familia que vive momentos de angustia, con quienes perdieron a un ser querido, con los heridos, con quienes permanecen en medio de la incertidumbre y con todos los organismos de socorro que trabajan incansablemente. Colombia debe estar unida en este momento”, aseveró.
La Representante indicó que ha solicitado información a varias entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGR), Ministerios de Vivienda y Hacienda, entre otros, que le permita construir una iniciativa legislativa, con datos verídicos y oficiales, en beneficio del pueblo.
Frente a este panorama, la representante por Córdoba manifestó que se encuentra trabajando en un proyecto de ley que radicará en los próximos días, el cual plantea alternativas de solución para resolver la falla estructural, con mecanismos que garanticen recursos estables tanto para la respuesta humanitaria inmediata como para la inversión en prevención, preparación y reducción del riesgo en los territorios más expuestos.
“Recordemos que para un fin similar surgió la propuesta del 2 x 1000 que subió a 3 x 1000, luego a 4 x 1000 y cambió de finalidad. El debate llega en un momento crítico: mientras alcaldías como la de Bogotá habilitan puntos de acopio para canalizar ayudas hacia las zonas más golpeadas y equipos de socorro de distintas regiones se movilizan hacia el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, hay otros municipios con capacidad financiera reducida a los que se les dificulta atender el desastre. La pregunta sobre qué tan preparado está el país —y con qué recursos cuenta— para enfrentar el próximo evento sísmico vuelve a quedar en el centro de la conversación pública”, dijo Ruiz Solera.
“Yo no los he olvidado”
La congresista afirmó que tiene en su corazón a Córdoba y no olvida la tragedia ocasionada por el frente frío el pasado mes de febrero.
“Mi departamento también sufrió por las inundaciones originadas por el frente frío, donde más de 95 mil familias siguen esperando una solución definitiva. Mientras que la Contraloría General de la República advirtió que la ejecución de los 7,59 billones de pesos recaudados para atender la emergencia fue prácticamente nula por parte del Gobierno anterior. Uno de los principales focos de preocupación de este ente, el pasado mes de julio, fue la situación de los recursos administrados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en ese momento explicó: “permanecen en fase de estructuración de convenios", circunstancia que "ha retrasado el inicio de intervenciones dirigidas a la recuperación de los territorios afectados, pese al tiempo transcurrido desde la declaratoria de la emergencia".
“Cada vez que ocurre una tragedia, vuelve la misma pregunta: ¿por qué el Estado no estaba preparado?”, plantea la congresista cordobesa.
Su preocupación nace de mirar de frente a quienes lo han perdido todo. “No podemos seguir esperando a que ocurra un desastre para actuar”, concluyó.
*Equipo de Comunicaciones Representante Martha Ruiz Solera*
