Montelíbano, Córdoba. La captura y judicialización de nueve presuntos integrantes de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) volvió a encender las alarmas sobre la contratación pública en varios territorios del país, entre ellos el municipio de Montelíbano, donde esa entidad ejecutó millonarios convenios durante los últimos años.
La Fiscalía General de la Nación informó que los procesados harían parte de una estructura que, entre 2020 y 2026, habría desviado cerca de 496.000 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías mediante la celebración y ejecución de contratos presuntamente irregulares con gobernaciones y alcaldías.
Por decisión de un juez de control de garantías de Bogotá, los nueve implicados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones. Entre los capturados figuran el exrepresentante legal de Aremca, Gustavo Bolaño Pastrana, así como las representantes legales y tesorera Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero, además de coordinadores y particulares vinculados a la asociación.
Los procesados fueron imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y por omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.
De acuerdo con la investigación, Aremca suscribió 101 contratos relacionados con proyectos de infraestructura, tecnología, medio ambiente, seguridad alimentaria y obras civiles. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que gran parte de los recursos habría sido direccionada a través de subcontrataciones con empresas de papel y órdenes de servicio que desconocían los procedimientos legales establecidos.
El ente acusador también advirtió presuntas irregularidades superiores a 14.235 millones de pesos, además de la omisión en el recaudo de cerca de 14.000 millones destinados al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
Contratos en Montelíbano vuelven al debate
Las capturas también reavivaron los cuestionamientos sobre los convenios suscritos por Aremca en Montelíbano durante la administración del entonces alcalde José David Cura (2020-2023), cuando Jhon Adolfo Correa se desempeñaba como secretario de Infraestructura.
Entre los contratos objeto de atención se encuentra el SMC-005 de 2022, registrado en SECOP I por un valor de 17.416 millones de pesos, destinado al fortalecimiento del sector ganadero mediante la entrega de pies de cría y la implementación de sistemas silvopastoriles para pequeños productores rurales. A este se sumó otro convenio de pavimentación cercano a los 7.600 millones de pesos.
Ambos proyectos fueron objeto de críticas y cuestionamientos por presuntos problemas en su ejecución, situación que durante años ha generado preocupación entre sectores ciudadanos y organismos de control.
Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra la presunta red que operó desde Aremca, en Montelíbano aún persiste la expectativa sobre el resultado de las investigaciones relacionadas con estos contratos. Hasta el momento no se han reportado capturas ni imputaciones contra exfuncionarios municipales vinculados a dichos convenios.
Las recientes decisiones judiciales marcan un nuevo capítulo en el caso Aremca y reabren el debate sobre la responsabilidad de quienes participaron en la contratación y ejecución de proyectos financiados con recursos públicos, especialmente aquellos provenientes del Sistema General de Regalías..