Representante Martha Ruíz será una de las ponentes del Proyecto de Ley de Acogimiento a la Justicia

La representante a la Cámara por Córdoba, Martha Isabel Ruiz Solera, fue designada como una de las ponentes del Proyecto de Ley 433 de 2026 Cámara, conocido como la Ley de Acogimiento a la Justicia, una iniciativa del Gobierno Nacional que busca establecer un marco jurídico para el sometimiento de bandas criminales y organizaciones armadas ilegales ante la justicia colombiana.
Junto a Ruiz Solera, fueron designados como ponentes para el primer debate los representantes Daniel Felipe Briceño Montes, Ceymy Julieth Suárez González, Jorge Augusto Palacio Garzón, James Hermenegildo Mosquera Torres y Alejandra Gabriela Abásolo Gómez, según el Acta No. 15 del 14 de octubre de 2026. Los congresistas tendrán la responsabilidad de estudiar la propuesta que busca establecer condiciones para que estas estructuras abandonen las armas y se sometan a la legalidad.
El proyecto fue radicado el 13 de octubre por los ministros del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino. La iniciativa plantea modificaciones, adiciones y una prórroga de la Ley 418 de 1997, conocida como la ley de orden público.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que no contempla el reconocimiento de estatus político para las estructuras criminales ni la instalación de mesas de negociación o zonas de concentración. Se trata de una oferta unilateral del Estado dirigida a quienes decidan someterse a la justicia.
El articulado contempla posibles rebajas de hasta el 50 % de las penas para integrantes rasos y de hasta el 30 % para los cabecillas, condicionadas al cumplimiento de compromisos como la entrega de bienes, el desarme y la contribución al esclarecimiento de la verdad.
Otro de los componentes centrales es la participación de las víctimas, quienes tendrían un papel activo mediante conceptos sobre el acceso de los responsables a los beneficios y su intervención en las medidas de reparación integral. Además, el proyecto propone una vigencia de diez años a partir de la promulgación de la ley y la presentación de informes anuales sobre su implementación ante el Congreso de la República.
La iniciativa también mantiene abierto el debate sobre la extradición, pues no plantea suspenderla de manera generalizada como mecanismo para incentivar el sometimiento de estas organizaciones.
El proyecto busca un trámite prioritario mediante mensaje de urgencia en las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara, teniendo en cuenta que la vigencia de la actual ley de orden público vence a comienzos de noviembre de 2026.
La discusión será determinante para definir las condiciones del sometimiento a la justicia, las garantías para las víctimas y los mecanismos de verificación del cumplimiento de los compromisos. Con su designación como ponente, Martha Ruiz participará en el estudio legislativo de una propuesta que busca establecer nuevas herramientas jurídicas para enfrentar las estructuras criminales en Colombia.