El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería confirmó un fallo que reconoce derechos laborales a varias manipuladoras de alimentos que hicieron parte de la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Córdoba durante el año 2022.
El proceso judicial se originó por las condiciones en las que las trabajadoras desarrollaron sus labores dentro del contrato ejecutado por la Fundación Social Construyendo Vidas.
Según lo expuesto durante el trámite, las manipuladoras habrían recibido ingresos cercanos a 300.000 pesos mensuales y no les fueron reconocidas prestaciones laborales como primas, vacaciones, cesantías e intereses sobre las cesantías.
Tras analizar las pruebas, el Tribunal confirmó la decisión que ordena el reconocimiento económico correspondiente a favor de las trabajadoras, conforme a lo establecido en la sentencia.
El fallo también abordó aspectos relacionados con el seguimiento y control ejercido durante la ejecución del contrato, especialmente frente al cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal vinculado al programa.
La decisión ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión de los contratos del PAE y garantizar que quienes participan en la preparación y entrega de alimentos a estudiantes cuenten con condiciones laborales acordes con la normatividad vigente.
